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GOBIERNO | 07/12/2017

Niegan la manipulación del Indec

Evitar el default oculto que dejó el kirchnerismo tendrá un alto costo para la verdad. El plan del Gobierno es esquivar el pago de miles de millones.

Ese ahorro implica negar el propio relato y lo que es moralmente más polémico: dejar sin castigo en la Justicia la destrucción del Indec y sus estadísticas impulsada por Guillermo Moreno y los Kirchner.

A pesar de que públicamente Mauricio Macri denunció la falsificación de los índices oficiales y la intervención del organismo durante nueve años, y de que hasta fines de 2016 las estadísticas estuvieron -por decreto- en "emergencia", en la Justicia el Gobierno relativizó que ese desmantelamiento haya existido, con el objetivo de evitarse el pago de millonarias sumas por la subestimación del coeficiente de estabilización de referencia (CER), que sirve para actualizar -sobre la base de la inflación oficial- distintos bonos. En definitiva, en tiempos en los que la obsesión de Macri es achicar el rojo fiscal, el Gobierno no quiere hacerse cargo de otra cesación de pagos heredada del "modelo K".

Le tocó al Ministerio de Hacienda negar en los tribunales toda la historia de corrupción de los indicadores oficiales y el sistema estadístico. Curiosamente, esa decisión provino de la dependencia que conducía hasta el año pasado Alfonso Prat-Gay, uno de los denunciantes en la Justicia de la manipulación de los índices públicos cuando era diputado. En 2014, el entonces diputado opositor presentó una acción legal para investigar cómo la manipulación del índice de inflación sobreestimó el dato del producto bruto interno (PBI) calculado por el Indec y benefició a aquellos que tenían cupones PBI de la deuda. Entre los beneficiados había varios laderos de Moreno en el área de Cuentas Nacionales.

Exactamente un año atrás, en noviembre de 2016, Hacienda y Finanzas contestó un reclamo de un supuesto colectivo en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9, a cargo del juez Pablo Cayssials, por la subestimación del CER. La cartera ya al mando de Prat-Gay -a través de su Secretaría Legal y Técnica- respondió a una denuncia iniciada el 30 de diciembre de 2015 por Consumidores Financieros Asociación Civil. Para esa ONG y sus abogados del Estudio Arazi, Prato, Mariani de Vidal, Merola & Asociados, el impacto total de la adulteración de los índices por los que se ajustaban bonos públicos en manos de la Anses, de privados y fideicomisos había sido, en nueve años, de US$ 18.000 millones.

Los denunciantes no tuvieron suerte. La Justicia les negó la intención de representar un colectivo de damnificados en primera instancia. La Cámara ratificó esa decisión, que fue luego apelada ante la Corte Suprema. No obstante, lo que resalta en la causa son los argumentos presentados por los abogados de Hacienda y Finanzas en primera instancia para desautorizar a los denunciantes, según consta en el expediente Nº 83472/2015, y que podría usar Moreno a su favor para librarse de las denuncias en su contra en la Justicia.

"Negamos por inexacto e improcedente que se hubiesen estructurado índices falsos, que ello haya sido referencia para una gran cantidad de inversiones privadas de diversa naturaleza y que ello hubiera generado un gran menoscabo en los respectivos rendimientos financieros durante nueve años", escribieron los abogados en representación de Hacienda.

"Negamos por inexacto e improcedente que con posterioridad al decreto 100/2007 y/o en cualquier otro momento el Indec hubiera publicado índices alterados que no reflejaban realmente el precio de los precios al consumidor", dice el capítulo VII de la respuesta a la demanda. "Negamos por inexacto e improcedente que hubiera habido una manipulación de los índices de inflación", ratifica. Cerca de Prat-Gay recordaron a LA NACION que el ex ministro fue denunciante contra Moreno y se desligaron del escrito al decir que muchas de las causas que pasan por Hacienda "no llegan al despacho del ministro". Fuentes oficiales dijeron que la decisión de la Secretaría Legal y Técnica fue la correcta si el objetivo era evitar el pago del millonario cuasi default que dejó el kirchnerismo.

"Negamos por inexacto y carente de nexo causal con las pretensiones que intentan articular que en el año 2007 -o en cualquier otra fecha- el Indec hubiese sido intervenido por el Poder Ejecutivo", estimó el escrito, que además cuestionó los índices elaborados por las consultoras privadas y los artículos periodísticos que se escribieron sobre el tema en varios medios. La respuesta del Estado a los descalabros que provocó Moreno citó como prueba la existencia de una causa penal federal, que instruye Rodolfo Canicoba Corral, en la "que no ha mediado ningún tipo de condena". Es la misma por la que el fiscal Carlos Stornelli pidió a comienzos de este mes procesar a Moreno, lo que revela una increíble paradoja: por el mismo tema, hay un Estado acusador y otro defensor.

El complejo texto elaborado por los letrados buscó negar la legitimación como colectivo de los denunciantes -lo que efectivamente logró en dos instancias- y que la manipulación de los índices oficiales y la subestimación del CER se consideren "hecho notorio". Con ese fin, no sólo desmiente el falseamiento y la intervención, sino que también advierte que siempre existen "riesgos" al invertir, que el IPC no es un índice de inflación ni de costo de vida -un relato que siempre usó el kirchnerismo-, que cualquier cambio en la metodología es legítimo -un argumento de Canicoba- y que es imposible técnicamente reconstruir los índices supuestamente falseados por la falta de los insumos necesarios, algo que suele repetir el actual director del Indec, Jorge Todesca.

A las críticas realizadas por economistas, medios, organismos provinciales y multilaterales y otras pruebas sobre los datos que elaboraba el Indec los abogados Sergio Acevedo y Elena Noemí del Potro las caracterizaron en su escrito ante la Justicia como "sesgadas por sus propios intereses". Luego, califican las denuncias contra el Indec de Guillermo Moreno como "interpretaciones tendenciosas y antojadizas". Es que el discurso de recuperación de la verdad, en la Justicia, puede costar muy caro.

Fuente: La Nación



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